España está más descentralizada que los grandes países federales
Los muros del edificio autonómico no terminan de sellarse. La nueva financiación territorial lanzada por el Gobierno pone una piedra más en el proceso de descentralización del Estado que comenzó hace tres décadas. Y acerca a España, sin serlo, a la primerísima línea de los grandes Estados federales.
Hasta ahora, las provincias canadienses han gozado del grado de independencia financiera más alto de la OCDE: sólo un 15% de sus ingresos totales provienen de las transferencias del Estado central.
La reforma puesta en marcha en España por el Gobierno reducirá la dependencia financiera de las comunidades autónomas hasta el 10% (frente al 30% actual). Es decir, nueve de cada diez euros ingresados por la administración regional provendrá de los impuestos propios o compartidos con el Estado. Un nivel sin parangón en otros modelos federales más consolidados como el de Alemania, Estados Unidos o Australia.
El desequilibrio "vertical" entre los ingresos y los gastos del Estado ha constituido la principal crítica autonómica al modelo territorial de España. Las comunidades prestan el 35,9% del gasto público total, pero sólo gestionan el 21,9% de los recursos totales del sector público (contando los de la Seguridad Social, que representan un 30%).
Como ocurre en los grandes Estados federales, la solidaridad entre regiones explica este desequilibrio. La brecha entre ingresos y gastos de los gobiernos territoriales �se cierra con transferencias de la Hacienda central que, en diferentes grados dependiendo del país, sirven para igualar la capacidad de gasto de las regiones y municipios con distintos niveles de renta�, explican los profesores Ángel de la Fuente y María Gundín en el estudio sobre La financiación regional en España y cuatro países federales.
Inevitablemente, la reforma en ciernes acorta los mecanismos de los que gozaba el Estado para recomponer las diferencias. Las comunidades participarán en mayor medida en la recaudación de los grandes impuestos y, además, gozarán de más responsabilidad normativa sobre los tributos. Ésta es, precisamente, el otro pilar de los grandes modelos federales.
Se trata de la capacidad de los gobiernos regionales para ajustar su nivel de ingresos, subiendo o bajando los impuestos, a la generación de gastos. En teoría, esta fórmula ayuda a los ejecutivos a ser más eficientes. Sencillamente porque pasan de ser simples gestores del gasto a recaudadores de ingresos. Es decir, deben pedir dinero a los contribuyentes y explicarles para qué lo quieren.
En el fondo, toda esta discusión abre la puerta a la competencia entre comunidades. A una carrera por tener el espacio fiscal más atractivo para familias y empresas. Hasta ahora, la capacidad de los gobiernos autonómicos para subir o bajar impuestos ha sido muy estrecha. La principal batalla se ha lidiado en la rebaja del Impuesto de Sucesiones yDonaciones. Sobre todo, después de que Madrid suprimiera el tributo en 2007. En cambio, muy pocas autonomías han hecho uso de su capacidad sobre el IRPF.
La nueva estructura financiera planteada por el Gobierno asienta las bases del Estado federal. Sin embargo, el propio proyecto pone coto a la �competencia fiscal a la baja�. Es decir, pone reticencias a que las comunidades abran el melón de las grandes rebajas de impuestos para competir libremente entre sí.
Particularidades
- Canadá: Sus provincias poseen una autonomía fiscal del 85% y tienen capacidad normativa sobre todos los tributos cuyos ingresos les corresponden.
- Estados Unidos: Es el único país federal donde el peso de los gobiernos subcentrales en el ingreso es mayor que en los gastos. El Estado central acapara más gasto y, por tanto, sus transferencias para la nivelación son reducidas.
- Alemania: El modelo alemán es muy complejo y ha generado ineficiencias notables. La gestión tributaria, en manos de los länder, provoca opacidad en la recaudación y en la transmisión de datos.
- Australia: Una comisión independiente se encarga de gestionar las políticas de transferencias y solidaridad del Estado.
¿Hasta dónde se quiere llegar?
La evolución de la estructura política y territorial de España ha sido meteórica en las últimas tres décadas. De un Estado fuertemente centralista se ha pasado a un modelo de gestión de los servicios públicos muy descentralizado. Las comunidades gestionan en 90% del gasto en Educación y Sanidad; el 97% de las políticas de vivienda (sumado el papel de los Ayuntamientos), un tercio del gasto en ocio y cultura y un 20% de las seguridad y el orden público, según datos de la OCDE.
Pocos estados en Europa y en el mundo desarrollado han llegado a una transmisión de poder tan elevada. La cuestión es cómo financiarla. Así comoAlemania, Estados Unidos o Canadá llevan décadas e incluso siglos con una estructura de Estado clara que funciona, en España nunca se cierra el edificio.
http://www.expansion.com/2009/08/18/economia-politica/1250630271.html
