¿INDEPENDENCIA JUDICIAL?

La pasada semana se conoció el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que se absuelve al ex magistrado Javier Gómez de Liaño de un delito de prevaricación al que fue condenado en 1999 y que le costó el abandono forzoso de la carrera judicial.

Esta resolución ha dejado claramente al descubierto el alcance de la pretendida “independencia” del Poder Judicial en España. Recordemos los hechos: Liaño fue condenado en contra de la opinión del juez instructor de su caso, del fiscal y de la doctrina del Tribunal Supremo. Sin embargo, se impusieron las tesis de dos de sus juzgadores, los magistrados Bacialupo y García Ancos, que contaron con todo el apoyo de la “armada” mediática del Grupo Prisa de Polanco (Liaño había condenado a Sogecable por un caso de apropiación indebida, sellando con ello su sentencia de muerte profesional).

Hasta aquí todo se asemeja a un lío de togas. Pero las implicaciones del caso son mucho más amplias.

En primer lugar: Liaño fue quien instruyó el tristemente célebre “caso Lasa y Zabala”, un asunto de secuestro, tortura y asesinato de dos criminales de ETA a manos de miembros de las Fuerzas de Orden Público. A consecuencia de su paciente trabajo fueron condenados el laureado General de la Guardia Civil Rodríguez Galindo y el Gobernador Civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. La admisión a trámite de la denuncia posterior contra Sogecable hacía pensar, desde luego, en una sospechosa propensión del juez a ocuparse de asuntos especialmente sensibles para el Gobierno Socialista de Felipe González. Como si no se contara con suficientes jueces en España, Liaño aparecía especialmente interesado en el acoso judicial al PSOE. Algo que, desde luego, no permitía hacerse grandes ilusiones respecto a su independencia política.

En segundo lugar: los jueces que promovieron y lograron finalmente la condena de Liaño por prevaricación en el “caso Sogecable” fueron, como decíamos, Bacialupo y García Ancos. Tampoco resultan unos desconocidos pues ya habían “trabajado” juntos en la Audiencia Nacional en el “caso Marey”. Fueron ellos quienes se opusieron a la condena del ex Secretario de Estado Vera y del ex ministro Barrionuevo en este asunto relacionado con los GAL. Ahora, su celo en condenar a Liaño se ha visto censurado por Estrasburgo quien, a todos los efectos, resulta inocente de los cargos. Poca atención debe merecer este hecho, amén de la satisfacción por haberse restablecido el honor de una persona. El propósito que perseguían los jueces, independientes pero filo-socialistas, de desactivar al inquisitivo Liaño produjo los efectos deseados en su momento… y a otra cosa.

Finalmente: la sentencia da pie a recomendar una vez más la lectura del excelente libro de Jesús Cacho, “El negocio de la libertad” (Ed. Foca). En él, el polémico periodista “tira del hilo” del “caso Liaño” hasta poner en solfa la misma testa coronada del “intocable y constitucionalmente irresponsable” Juan Carlos de Borbón. Buena ocasión ésta del verano para refrescar la memoria con tan jugoso sorbete.

RONIN DE CONSTANTINA.

servido por gallos-de-marzo sin comentarios compártelo